Desregulación en el INV
Derogaciones, cambios, diversas voces y en el medio o en el centro un hecho que marca agenda y genera un punto de inflexión.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) ha culminado un proceso de desregulación que marca un punto de inflexión en el control de la industria vitivinícola argentina. Mediante la publicación de la Resolución 37/2025, el organismo oficial derogó 217 normas que se consideraban obsoletas o excesivamente burocráticas, elevando a un total de 973 las regulaciones eliminadas en apenas un mes.
Esta reforma integral, que comenzó con la Resolución 35/2025, redefine el rol del INV, buscando aligerar la carga administrativa sobre los productores y concentrar los recursos del Estado en la fiscalización de la calidad y la inocuidad.
El Nuevo Enfoque: Control en el Producto Final | El cambio medular de la reforma reside en el esquema de fiscalización. El INV dejará de ejercer su intervención sistemática sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo, que históricamente incluían el viñedo, la cosecha, la elaboración y el transporte.
A partir de la nueva normativa, el organismo concentrará su labor exclusivamente en el control de los productos finales embotellados. La misión principal del INV se reenfoca en garantizar que los vinos estén aptos para el consumo humano y que no hayan sido adulterados, trasladando la responsabilidad de la trazabilidad interna y los procesos a los propios productores.
Flexibilización y Opcionalidad de Controles | Uno de los puntos clave para el sector productivo es la flexibilización de los controles de trazabilidad. Las certificaciones que acreditan el origen geográfico, la añada y la variedad del vino pasan a ser de carácter optativo.
Los productores tendrán la libertad de solicitar estas certificaciones al INV en función de sus estrategias comerciales o, alternativamente, podrán gestionarlas a través de medios privados. Esta medida otorga a las bodegas y establecimientos mayor agilidad y capacidad de respuesta frente a las demandas de los mercados internacionales.
La Justificación Oficial: Adaptarse al Mercado Global | Desde el gobierno nacional, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida, afirmando que "deja atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo donde se enfoca exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”.
El funcionario destacó la necesidad de dotar a la industria de "flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno", citando la caída del consumo mundial y el surgimiento de nuevas tendencias como el vino sin alcohol. Argentina, siendo el quinto productor mundial con una producción de 900 millones de litros anuales y exportaciones por 800 millones de dólares, busca así optimizar su competitividad.
Alcance y Fin de la "Burocracia Excesiva" | La justificación de la medida se sustenta en la evidencia de una burocracia excesiva. Durante 2024, el INV había emitido 140.000 permisos de tránsito y llevado a cabo más de 5.000 inspecciones a bodegas, con registros de empresas que recibían fiscalizaciones casi cada dos días.
Entre los trámites eliminados considerados innecesarios, se destaca la determinación anual del grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino en función de su zona de producción.
El nuevo régimen alcanza a la totalidad de los actores del sector:
Productores primarios de uva.
Establecimientos elaboradores (bodegas, fábricas de mosto, plantas de fraccionamiento).
Fabricantes artesanales y productores de vino casero.
Comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores de productos vitivinícolas.
Esta reestructuración apunta a simplificar de forma drástica los procesos administrativos, permitiendo que la industria local concentre sus esfuerzos y recursos en la producción y la calidad, en línea con las demandas de eficiencia del mercado global.
