Reestructuración en marcha: el Gobierno redefine el INTA y el INV para concentrar el control
Un decreto que saldrá este lunes transformará la estructura del INTA y del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que perderán su autonomía para quedar bajo la órbita directa de la Secretaría de Agricultura. El plan oficial busca recortar cargos, optimizar recursos y cambiar el enfoque de fiscalización.
El Gobierno avanza con una fuerte reconfiguración de organismos clave del agro y la industria vitivinícola. Según la última versión del decreto que se publicará el lunes, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dejará de ser un ente autárquico para convertirse en un organismo "desconcentrado" dependiente de la Secretaría de Agricultura. Similar situación ocurrirá con el INV.
El mismo decreto impactará en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En su caso, el Gobierno lo convertirá en una unidad dependiente de la Secretaría de Agricultura, manteniendo su nombre para preservar la referencia internacional. La reorganización apunta a concentrar las tareas del INV en la parte final de la cadena productiva y reforzar el control documental y la fiscalización posterior, reduciendo la carga de trámites para el sector.
Estas medidas se inscriben en la estrategia más amplia de ajuste del Estado impulsada por el Ministerio de Desregulación. Además de recortar estructuras y cargos, el plan establece un relevamiento de bienes para su eventual venta o reasignación, mientras que las funciones y los fondos pasarán a estar bajo supervisión directa de la cartera económica.
Lo que dice el decreto | El decreto que ordena la transformación del INV sostiene que, tras la desregulación del sector en 1991 —cuando se eliminó su rol en la intervención de mercados—, el Instituto quedó reducido a tareas de verificación de la genuinidad de los productos vitivinícolas, sin capacidad de promoción ni regulación. Esta situación, según el Gobierno, volvió obsoleta buena parte de su estructura normativa y operativa, justificando así una reestructuración integral.
La iniciativa contempla una serie de modificaciones sustanciales como la de delegar funciones de fiscalización y certificación en entidades públicas o privadas, en un movimiento hacia la descentralización funcional con fuerte impronta privatista.
Además, se establece que los controles de origen, añada y varietal -que históricamente garantizaban trazabilidad y calidad- pasarán a ser optativos, en respuesta a reclamos de mayor flexibilidad por parte de un sector del mundo bodeguero. El foco se traslada así al control documental posterior, especialmente sobre el tramo final de la cadena productiva.
